La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997, durante la ejecución del programa de planificación familiar implementado en el gobierno de Alberto Fujimori.
Según la sentencia del tribunal con sede en San José, Costa Rica, la mujer habría sido presionada en reiteradas ocasiones por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas. Tras la intervención quirúrgica, sufrió graves complicaciones médicas que la dejaron en estado de coma y posteriormente provocaron su fallecimiento.
La Corte también ordenó al Estado continuar con la investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar responsabilidades, así como procesar y sancionar a quienes resulten implicados en los hechos.
Este caso se enmarca en las denuncias por esterilizaciones forzadas realizadas en la década de 1990, que según estimaciones afectaron a más de 300 mil mujeres, en su mayoría campesinas e indígenas, muchas de las cuales habrían sido engañadas o presionadas para someterse a estos procedimientos.
Organismos internacionales han señalado que estas prácticas podrían constituir un crimen de lesa humanidad, debido a la vulneración sistemática de los derechos reproductivos y humanos de miles de mujeres en el país.
