La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) otorgó un reconocimiento al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, por el respaldo del Parlamento a la institución policial mediante la aprobación de normas orientadas a fortalecer la investigación criminal.
La ceremonia se realizó en la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima, y contó con la presencia de oficiales, suboficiales y personal civil. Durante el acto, el jefe de la unidad, general PNP Víctor Revoredo Farfán, destacó el apoyo legislativo recibido en la lucha contra el crimen organizado.
“Esta es una muestra de agradecimiento por el respaldo brindado desde el Parlamento a la Dirincri en la lucha contra la criminalidad”, señaló el alto mando policial.
Como parte del protocolo, Rospigliosi recibió una placa de reconocimiento y una gorra institucional de la PNP, en señal de coordinación entre el Poder Legislativo y la institución policial.
No obstante, el reconocimiento ha generado cuestionamientos en diversos sectores. Rospigliosi cuenta con una sentencia en primera instancia por difamación, lo que ha sido señalado por críticos como un elemento controversial en medio del actual contexto político y electoral.
Asimismo, el parlamentario destacó la aprobación de la Ley 32130, que devuelve a la Policía Nacional la facultad de iniciar investigaciones preliminares, función que anteriormente estaba a cargo del Ministerio Público. Según sostuvo, esta norma permitirá fortalecer la capacidad operativa de la PNP frente a delitos como extorsión, sicariato y crimen organizado.
Sin embargo, la Fiscalía de la Nación advirtió que dicha ley podría “desnaturalizar el modelo de investigación penal” y generar conflictos de competencia entre la Policía y el Ministerio Público.
A ello se suman críticas por la denominada Ley de Amnistía, impulsada desde el Congreso, que según organismos de derechos humanos podría favorecer la impunidad en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertó que más de 150 casos con sentencia firme y cerca de 600 procesos en curso por delitos como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas podrían verse afectados.
Pese a las críticas, desde la Dirincri se destacó que los recientes resultados en la desarticulación de organizaciones criminales responden al fortalecimiento normativo y al trabajo articulado entre las unidades policiales, basado en ejes como la investigación criminal, el control territorial y la cooperación interinstitucional.
