La caída de una mafia que vendía licencias de conducir como si fueran caramelos expone un sofisticado fraude institucional, el cual operaba con la presunta complicidad de malos funcionarios del Gobierno Regional de Lima para inscribir los brevetes falsos en el sistema oficial.
Los investigados, detenidos en un megaoperativo en Huacho, Huaral y Trujillo, ofrecían su servicio ilegal en redes sociales y cobraban entre 2,000 y 4,000 soles por entregar el documento sin que el “postulante” rindiera examen médico, teórico o práctico.
Para simular los trámites, la banda utilizaba moldes de silicona con las huellas dactilares de los clientes, las cuales eran estampadas posteriormente en los documentos por sus contactos dentro de la institución, un método que eludía toda verificación real.
Este negocio, activo desde 2018 según las pesquisas, ha puesto en circulación a un número indeterminado de conductores sin capacitación, lo que representa un peligro latente en las pistas y podría ser un factor clave en la alta siniestralidad vial que afecta al país.
