El fiscal del Equipo Especial Lava Jato cuestionó la reciente decisión del Tribunal Constitucional que anuló la investigación por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular. Pérez advirtió que el fallo también impactará en otros casos vinculados a aportes de campaña
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, cuestionó la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la investigación contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos en el Caso Cócteles. Según el magistrado, la sentencia número 2109-2024 “ha beneficiado directamente” a la lideresa de Fuerza Popular.
“Es un hecho de conocimiento público que el día de hoy el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2109-2024, ha beneficiado a la persona de Keiko Fujimori, en la que declara que no es delito de lavado de activos los aportes de dinero de la empresa Odebrecht en las campañas políticas”, manifestó Pérez durante una audiencia judicial.
El fiscal explicó que el fallo del TC establece que los aportes económicos realizados por Odebrecht a campañas políticas no constituyen delito de lavado de activos, lo que sienta un precedente que podría modificar el rumbo de varios procesos similares.
Durante la audiencia del caso contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por presuntos aportes ilícitos a su campaña, Pérez relacionó lo resuelto en favor de Fujimori con los argumentos de la defensa de Villarán y solicitó la reprogramación de la sesión. “He escuchado en los alegatos de apertura de la defensa de la acusada Susana Villarán que planteó la misma tesis de defensa de la beneficiada por el Tribunal Constitucional. Por tanto, pido que la audiencia del 21 se reprograme para el 26 de octubre y la Fiscalía pueda proceder conforme lo ha ordenado el Tribunal Constitucional”, sostuvo.
Como se recuerda, el abogado constitucionalista Wilber Medina había señalado en RPP que la sentencia del TC no solo beneficia a Keiko Fujimori, sino que también podría aplicarse a otros casos en los que se investiga el presunto lavado de activos por aportes de campaña, entre ellos el de Villarán.
