Betssy Chávez buscaría el arraigo laboral con una propuesta del congresista Roberto Sánchez, quien ha solicitado su contratación como asesora en su despacho parlamentario con un salario de 9,500 soles.
La expresidenta del Consejo de Ministros, quien actualmente se recupera en una clínica de una deshidratación producto de una huelga de hambre, enfrenta en libertad el proceso por rebelión tras el desistimiento del Ministerio Público de prolongar su prisión preventiva. Esta estrategia legal busca consolidar su situación de libertad mientras avanza su caso judicial.
La contratación, que requeriría aprobación formal, se presenta como un posible mecanismo de arraigo mientras Chávez responde a los cargos por los sucesos del 7 de diciembre. Sus abogados han descartado que exista intención de eludir a la justicia, enfatizando que su defensa se fundamenta en precedentes legales que protegen su derecho a un proceso en libertad.
La exfuncionaria mantiene su situación jurídica sin cambios, aunque la fiscalía conserva la facultad de presentar una nueva solicitud de prisión en el futuro. El caso continúa bajo estrecha vigilancia mediática y judicial.
