La ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, no se presentó a la audiencia del juicio oral que se sigue en su contra en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 por el presunto delito de rebelión.
En ese sentido, durante la sesión del martes 19 de agosto, el abogado Raúl Noblecilla denunció que la ausencia de su patrocinada se debe a que Chávez Chino «durmió en un pasillo» del penal Anexo Mujeres de Chorrillos debido a que «ha sido amenazada por un grupo de internas».
«Quiero referirme, primero, a la ausencia de la señora Chávez. Lamento confirmar que no se encuentra presente y esto se debe, nuevamente, a una situación que cada vez escala más. Que cada vez escala más y no sé hasta dónde se puede permitir que esta situación escale. Betssy Chávez el día de anteayer durmió en el pasillo. Exactamente en un pasillo a la intemperie porque nuevamente ha sido amenazada por las internas o un grupo de internas que siguen confabuladas con la denuncia de la cual ya el Ministerio Público y esta Sala Penal Especial tiene conocimiento», aseguró.
En esa misma línea, el letrado se refirió al estado de salud que la excongresista y reveló que se encuentra «deteriorado». Por ello, instó a los magistrados del Poder Judicial a tomar medidas para garantizar a integridad física de la ex primera ministra en el proceso judicial en su contra.
«Su estado de salud físico también está deteriorado. Por tal motivo, esa es la razón por la cual hoy no puede presentarse. No solamente como procesada, sino como también abogada, porque se recuerda que Betssy Chávez es parte de su propia defensa o de la defensa colegiada. Por tales motivos, solicito nuevamente a esta sala de magistrados provisionales que asuman con responsabilidad y cuidado la integridad y, por supuesto, el cuidado de este proceso, ya que ella es fundamental para el desarrollo del mismo».
La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial una condena de 25 años de pena privativa de la libertad contra Betssy Chávez, así como la inhabilitación de la función pública por dos años y medio y una reparación civil por más de S/64 millones. Por otro lado, el Ministerio Público pidió 34 años de prisión para Pedro Castillo y 3 años y medio de inhabilitación para asumir cargos públicos.
