Dina Boluarte enfrenta un nuevo escándalo luego de que Panorama revelara que, mientras mantenía una demanda laboral contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) por más de S/ 239 mil, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría intervenido, por orden directa, para priorizar el pago a su favor.
La acción del MEF —según la investigación— habría buscado agilizar una indemnización parcial de una pretensión inicial que ascendía a S/ 428 mil, originada cuando Boluarte trabajaba en el Reniec.
En mayo de 2022, Boluarte obtuvo una sentencia judicial favorable, aunque solo por una parte del monto reclamado: S/ 239 mil. El Reniec apeló el fallo y el caso pasó a la etapa de casación, lo que legalmente impide que se ejecute el pago hasta que concluya el proceso.
A pesar de ello, Panorma reveló que a inicios de 2024 el MEF incluyó el caso de Boluarte en una “lista priorizada” de sentencias judiciales, mecanismo que habría permitido una “ejecución anticipada” del pago. Según narra el programa dominical, la inclusión respondió a un pedido concreto del Gobierno a través del respaldo del MEF, aunque fue resistida por el Reniec.
De acuerdo con los documentos difundidos por el dominical, la demanda, interpuesta en 2020, incluía reclamos por refrigerio, transporte, aguinaldos, uniformes, bono de cierre de pliego y canastas navideñas. Parte de estos beneficios fueron rechazados por la entidad al no corresponderle, como los pagos por beneficios sindicales, pese a que la actual mandataria nunca estuvo afiliada a un sindicato. Y es que, como señaló el abogado laboralista Javier Dolorier Torres al programa dominical: «Es irregular que se paguen beneficios sindicales a una trabajadora que nunca perteneció a un sindicato».
Ministerio de Economía dio su descargó en medio de la polémica
El dominical mostró, además, un oficio del Ministerio de Economía (MEF) en el que se reconoce que la incorporación del caso fue un “error” y se dispone su exclusión de la lista. Esta corrección se produjo después de que, en abril de 2024, el mismo programa difundiera un reportaje sobre el intento de priorizar el pago.
La controversia volvió a encenderse en abril de 2025, cuando el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente emitió una resolución que ordena expresamente no pagar la indemnización a Boluarte “hasta que se resuelva la casación”, bajo responsabilidad funcional. Con esta disposición judicial, cualquier intento de adelantar o priorizar el pago quedó bloqueado momentáneamente. Hasta el cierre de este artículo, la presidencia no ha emitido un pronunciamiento público sobre las revelaciones.
Tras la emisión del reportaje, el MEF se pronunció en un comunicado público: «El MEF rechaza categóricamente cualquier insinuación en ese sentido, así como la versión de que sus decisiones obedezcan a presiones de cualquier índole. Las acciones adoptadas responden exclusivamente a un análisis técnico y legal realizado por la Comisión Multisectorial, sin injerencias ajenas a lo establecido por ley. (…)», se lee en el texto publicado.
