La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso resolvió archivar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta implicancia en las muertes ocurridas durante las manifestaciones que estallaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023. El documento, remitido por la Fiscalía de la Nación, buscaba establecer si existía responsabilidad directa o indirecta de la mandataria en los hechos que dejaron decenas de víctimas en diversas regiones del país.
El congresista José Jerí fue el encargado de analizar el expediente N.º 509 y recomendar su archivamiento. Según explicó durante la exposición de su informe, no se hallaron pruebas que vinculen penalmente a Boluarte con los decesos registrados en las protestas. “Mi evaluación se ha centrado en el plano político y constitucional; el Ministerio Público puede proseguir con sus investigaciones”, manifestó el legislador.
La sesión en la que se votó el destino de la denuncia estuvo encabezada por María Acuña, presidenta de la subcomisión, y contó con la participación del vicepresidente Jorge Montoya. La mayoría de los miembros se inclinó por cerrar el caso, una decisión que ha generado controversia en el escenario político nacional. Mientras algunos interpretan la medida como un acto de respaldo institucional, otros acusan al Congreso de la República de proteger a la jefa de Estado frente a cuestionamientos graves.
Pese al archivo legislativo, el Ministerio Público mantiene abiertas diligencias relacionadas con las muertes durante la crisis social del inicio del actual gobierno. Esta decisión del Parlamento no afecta la autonomía fiscal ni impide que se continúe recabando evidencia para esclarecer los hechos. Así, el caso permanece vigente en el ámbito judicial, más allá del desenlace político.
