Una vez más, Dina Boluarte estaría en la mira de la Fiscalía. A través de un comunicado emitido el último 4 de julio, el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) — ocurridas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 contra su Gobierno — informó que el 70% de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público ya se encuentran en la fase preparatoria; es decir, en la etapa en la que el fiscal recaba pruebas suficientes para acusar a alguien de un supuesto delito.
En detalle, 42 de las 61 investigaciones en curso ya cuenta con imputados, delitos y hecho concretos. Asimismo, el equipo fiscal de Lima 1 ya presentó dos acusaciones ante el Poder Judicial en las que las audiencias de control estuvieron programadas para el 2 y 10 de julio.
Es preciso resaltar que durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte se reportaron más de 50 fallecidos y cientos de heridos en diversos departamentos del Perú. En mayo de este año la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la mandataria por los presuntos delitos de lesiones graves.
En tanto, el Ministerio Público informó que, en enero de este año, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tuvo una reunión de trabajo con la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 con el fin de «reafirmar el compromiso de continuar con estas diligencias a nivel nacional».
Además, la Fiscalía precisó que los casos que se encuentran en investigación son en Puno, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Junín y Lima. De estos, 5 están en etapa de calificación, 14 en investigación preliminar.
En esa misma línea, el Ministerio Público informó que el equipo fiscal de Ayacucho también presentará tres acusaciones fiscales contra los responsables de esta represión a ciudadanos que ejercían su derecho a protesta.
En ese sentido, se detalló que en por el caso Huanta, en el cual se registraron 2 víctimas, se presentará una acusación. Ello también alcanza al caso Wanchaq-Cusco, en el que se reportó 30 víctimas, y en octubre por el caso Trujillo, en el que se registró 38 víctimas.
Durante las investigaciones realizadas, cuenta la Fiscalía, se desplegaron peritos antropológicos, toma de declaraciones de ciudadanos en zonas alejadas, recojo de historias clínicas, y la incorporación del Ministerio del Interior (Mininter) como tercero civil responsable, así como a altos mandos policiales.
En mayo de este año, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso, en relación con las muertes que se produjeron durante las protestas de 2022 y 2023. Esta acusación, a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también incluye a los ex primeros ministros Pedro Angulo Arana y Luis Alberto Otárola, así como a los exministros César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.
De acuerdo con el Ministerio Público, los eventos bajo investigación ocurrieron en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se habría utilizado la fuerza policial y militar de manera excesiva y desproporcionada.
