El abogado penalista Andy Carrión explica que las restricciones impuestas a Susana Villarán en el caso Línea Amarilla tienen un plazo máximo de 36 meses, según norma reciente del Congreso.
Esto no significa el fin del proceso, pues el juez podría imponer nuevas medidas colaborativas o mantener algunas restricciones mediante una nueva audiencia, tal como ocurrió en el caso de PPK cuando se le impidió salir del país.
El caso Villarán destaca entre las investigaciones vinculadas a Odebrecht por presentar supuesta evidencia concreta de conductas corruptas durante su gestión como alcaldesa.
Según los cargos, habría recibido financiamiento ilegal para su campaña del “NO” a cambio de favorecer a empresas en contrataciones municipales, lo que mantiene activo el proceso penal en su contra.
