Un total de seis denuncias constitucionales contra Dina Boluarte fueron archivadas en la segunda legislatura de este año. En todas ellas, la bancada de Fuerza Popular y sus partidos aliados votaron a favor del archivo y blindaron a la jefa de Estado en investigaciones que iban desde los asesinatos en protestas hasta el caso Rolex.
La situación más controversial se desarrolló el último viernes 20 de junio cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó, en un solo día y sin debate, cuatro denuncias presentadas contra la mandataria.
De las cuatro, tres dotaron de impunidad a las muertes durante las manifestaciones sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, hecho por el cual se acusaba a Boluarte y a algunos de sus entonces ministros por la presunta comisión de homicidio calificado y lesiones graves.
Una de estas denuncias fue presentada por la parlamentaria Ruth Luque, quien además de responsabilizar a Boluarte, lo hizo contra el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana, al exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, al exministro del Interior Cesar Augusto Cervantes y el exministro de Justicia José Tello Alfaro.
El informe de calificación recomendaba el archivo de la denuncia porque, según el análisis, los hechos denunciados no constituyen infracción a la Constitución o delitos de función. Asimismo, determinaron que aún no se ha demostrado la responsabilidad penal de los denunciados y que la acusación no incluía nuevos elementos probatorios.
De la misma forma, se archivaron las otras dos denuncias constitucionales presentadas contra Boluarte Zegarra por las muertes en protestas. Se trata de la denuncia constitucional 349 y 340. Ambas fueron presentadas por la parlamentaria Silvana Emperatriz Robles Araujo.
Debido a que el contenido de dichas denuncias era el mismo, se tomó en cuenta un solo informe de calificación por ambas. En el documentó se estableció que los hechos no representaban delitos de función.
Además de estas tres relacionadas a las manifestaciones, se archivó una que acusaba a Dina Boluarte y al expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública y aceptación ilegal del cargo (del expresidente Pedro Castillo).
En los cuatro casos, los informes de calificación que recomendaban el archivo tuvieron 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor vinieron de congresistas de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular.
Estas decisiones fueron respaldadas por el primer ministro, Eduardo Arana, quien rechazó que se hayan interpuesto denuncias contra la presidenta. “(En Perú) Nos guiamos por especulaciones, generamos tendencias sobre la base de opiniones y al final terminamos tomando decisiones sobre lo que pudo haber sido o sobre lo que alguno especula», dijo durante un evento en el distrito Lurigancho-Chosica.
