El Congreso publicó la Ley N.º 32386, que establece una serie de medidas para fortalecer la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado en el país. Entre los puntos clave, la norma permitirá al Ministerio del Interior (Mininter) pagar a los policías por trabajar en sus días de franco o vacaciones como parte del denominado Plan Celador.
Esta medida busca incrementar el número de efectivos en las calles, especialmente en zonas críticas como Lima, Callao y otras declaradas en emergencia.
Se estima que cerca de 5 mil agentes adicionales patrullarán estas zonas.
¿Qué permite el Plan Celador aprobado por el Congreso?
El artículo 4 de la ley autoriza al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar patrullaje a pie o motorizado, así como operaciones de investigación focalizadas, de forma voluntaria, durante sus días de descanso, a cambio de un pago adicional.
El Plan Celador ya venía siendo implementado en algunos sectores mediante acuerdos internos, pero ahora tendrá respaldo legal hasta el final del año fiscal 2025.
Se busca así fortalecer las labores preventivas y operativas frente a la creciente inseguridad ciudadana.
¿Qué otras medidas contempla la nueva norma?
La Ley N.º 32386 también faculta al Mininter, así como a gobiernos regionales y locales, a realizar contrataciones directas durante el estado de emergencia para reforzar las operaciones policiales.
Para ello, se permitirán modificaciones presupuestarias dentro de los fondos ya asignados a cada entidad.
Asimismo, se autoriza la transferencia de recursos desde gobiernos subnacionales hacia el Mininter, previa firma de convenios interinstitucionales.
Esta medida permitirá financiar proyectos y actividades del Programa Presupuestal 0030, orientado a reducir los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Contraloría y reestructuración del sector Interior
Para garantizar la transparencia del uso de fondos, la norma habilita a la Contraloría General de la República a realizar controles recurrentes sobre todas las adquisiciones realizadas en el marco de esta ley.
Además, se dispone que en un plazo de 90 días hábiles, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional presenten una propuesta de reestructuración institucional, basada en una evaluación de su situación actual
