Una nueva ley ha abierto un frente legal en el país. El Ejecutivo promulgó la Ley 32330, que permite juzgar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años.
La norma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Se aplicará en casos de delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual, robo agravado, trata de personas y tráfico de drogas.
El Congreso la aprobó en noviembre pasado. Dina Boluarte la promulgó este sábado, pese a las críticas de varios sectores. El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han salido a rechazarla.
Según estas instituciones, la ley vulnera la Constitución y tratados internacionales. El argumento principal: los adolescentes deben ser tratados con un enfoque diferenciado, orientado a la rehabilitación.
“La reforma desconoce la especial condición de los adolescentes”, advirtió el Poder Judicial. Recordaron que la Convención sobre los Derechos del Niño exige sistemas especializados, no penas como adultos.
El Ministerio Público recordó que ya existe un régimen severo para menores infractores. Hasta 10 años de internamiento pueden recibir. “Esta ley es un retroceso y un despropósito jurídico”, señalaron.
La Defensoría del Pueblo anunció una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Afirmó que la norma es incompatible con el bloque constitucional y los estándares internacionales.
También cuestionaron la falta de evidencia científica en la decisión. “El cerebro adolescente aún está en desarrollo. Afecta el juicio, los impulsos y la toma de decisiones”, argumentaron.
Organismos como Unicef y el Comité de Derechos del Niño también han rechazado la ley. Para ellos, juzgar a menores como adultos es incompatible con los principios de protección infantil.
El debate está abierto. Mientras el Gobierno justifica la norma como una respuesta al aumento de delitos, el sistema de justicia y defensores de derechos la consideran un peligroso retroceso legal.
