Portando la banda presidencial, con la bandera nacional de fondo y en el mismísimo Palacio de Gobierno, un tembloroso Pedro Castillo leía un discurso premeditado en el que consumaba un golpe de Estado y con él la ruptura del orden constitucional.
Aquel mediodía del 7 de diciembre de 2022, Castillo tomó la decisión de “establecer un gobierno de excepción”. Ordenó disolver temporalmente el Congreso, convocar a elecciones para Asamblea Constituyente y reorganizar el Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional.
El mismo día en que se convirtió en dictador, las fuerzas policiales y militares desobedecieron su llamado y optaron por mantener el sistema democrático del país. Lo detuvieron en la avenida Garcilaso de la Vega, en el corazón del Centro de Lima, cuando intentaba huir del país, y no volvió a salir del calabozo. Hoy enfrenta un juicio que desesperadamente busca desacreditar, pese a todas las evidencias y decisiones de las diversas instancias judiciales y del TC sobre su prisión preventiva.
Sin embargo, según una encuesta de Ipsos, encargada por APOYO Consultoría y presentada en el evento de SAE (Servicio de Asesoría Empresarial), que hoy pública Perú21, se indica que conforme ha ido pasando el tiempo son más las personas que consideran que Castillo más bien fue víctima de un complot. En febrero de 2023, 43% pensaba que el Congreso fue quien asestó un golpe a Castillo. Hoy ese porcentaje alcanza el 59%.
En los cuadros estadísticos se observa que esta percepción errónea aumenta a medida que disminuye el nivel socioeconómico y educativo de la población. El 66% del sector socioeconómico E piensa que el Congreso dio el golpe, mientras que solo el 25% del sector A opina lo mismo.
