La magistrada denunció que la Junta Nacional de Justicia no cumple con el fallo judicial que ordena su reposición, pese a haber acatado rápidamente decisiones similares en favor de Patricia Benavides y Tomás Gálvez. También calificó de “absurdo” el proyecto de ley que busca deducir impuestos por pagos de extorsión
La fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela cuestionó duramente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no ejecutar la medida cautelar que ordena su reposición como fiscal de la Nación, acusando a dicho organismo de actuar de manera “parcializada y discriminatoria”. La magistrada recordó que, en casos similares, como los de Patricia Benavides y Tomás Gálvez, la JNJ acató sin demora las órdenes judiciales.
“Lo que sucede es que la JNJ está actuando de una manera parcializada, porque está discriminándome en relación a otras órdenes jurisdiccionales anteriores (…). Ahí no hubo ningún tipo de reclamo, de controversia ni demora, pero en este momento es sorprendente que actúen de esa manera”, declaró Espinoza en entrevista con RPP.
El pasado 13 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada una medida cautelar innovativa que dispuso su reposición como fiscal suprema y fiscal de la Nación, en reemplazo de Tomás Gálvez, quien ocupa el cargo de forma interina. El juez ordenó a la JNJ cumplir el mandato en un plazo máximo de cinco días tras ser notificada.
Pese a que el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, reconoció públicamente que la medida cautelar debía cumplirse “sin efecto suspensivo”, Espinoza afirmó que el organismo aún no ejecutó la resolución. “El señor presidente de la JNJ sabe perfectamente los efectos de esta medida y esperamos que mañana, lunes 20 de octubre, se cumpla con la reposición dispuesta por el Poder Judicial”, enfatizó.
En otro momento, la magistrada criticó el proyecto de ley del congresista Luis Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso), que plantea permitir la deducción del impuesto a la renta por pagos realizados a extorsionadores. Espinoza calificó la propuesta como “absurda” y resultado de la “ignorancia legislativa”.
“Realmente hay que ser bastante ignorante para proponer una idea tan descabellada. Eso implicaría que los ciudadanos deban pedirle recibos o comprobantes a sus extorsionadores para justificar la deducción de impuestos. Es absurdo”, señaló.
La fiscal advirtió, además, que una iniciativa de ese tipo podría terminar favoreciendo a determinados grupos empresariales, en lugar de proteger a los ciudadanos o pequeños emprendedores que son víctimas de la delincuencia.
Con sus declaraciones, Espinoza reaviva la tensión entre el Ministerio Público y la JNJ, mientras persiste la incertidumbre sobre quién ocupará la titularidad de la Fiscalía de la Nación.
