La Comisión Permanente del Congreso decidió archivar este miércoles las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros por las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, la mayoría respaldó el informe que concluye que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales a la mandataria ni a los exfuncionarios señalados.
Entre los acusados estaban el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y los exministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Eduardo Rojas, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez Cresta.
Argumentos
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, explicó que el análisis determinó que no hay pruebas fehacientes que acrediten una infracción al deber de protección por parte de los denunciados.
“No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”, enfatizó.
Críticas en el Pleno
Previo a la votación, la congresista Ruth Luque cuestionó el archivo de la denuncia y presentó una cuestión previa para que el informe retorne a la Subcomisión, señalando que el Ministerio Público debía continuar las investigaciones. La propuesta fue rechazada con el voto dirimente del congresista Ilich López, quien conducía la sesión.
Por su parte, Edgard Reymundo pidió la reconsideración de la votación, pero su solicitud también fue desestimada.
