La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, y los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, por la posible comisión de los delitos en contra de la administración pública en la figura de cohecho pasivo propio y cohecho impropio.
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Así lo decidió por seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el grupo que preside la congresista Lady Camones (APP), luego de escuchar el informe de calificación de la referida denuncia.
En el documento se refiere a que los hechos de presunta corrupción en contra de la administración pública habrían ocurrido entre los años 2021 y 2022, en los que Castillo Terrones habría solicitado y recibido sumas de dinero del ministro Alvarado López con finalidades diversas.
Entre ellas, movilizar personas en apoyo a su gestión, financiar a sus hermanos, influir en votaciones de vacancia presidencial y presuntamente sobornar a jueces en procesos jueces contra sus sobrinos y funcionarios cercanos.
Además, se atribuye a Alvarado López haber exigido dinero a la empresaria Sada Goray a cambio de modificaciones en el directorio del Fondo Mi Vivienda y la asignación irregular de 376 millones de soles y beneficios para su empresa Marka Group.
En el caso del exministro Chero Medina, en su calidad de exministro de Justicia y Derechos Humanos, habría solicitado y recibido dinero por el nombramiento de la Superintendencia de Registros Públicos favoreciendo los intereses de la misma empresaria.
Improcedentes
Seguidamente, por no estar debidamente fundamentado fue declarada improcedente la denuncia, interpuesta por el ciudadano Celso Anaya, contra los integrantes del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, Luis Gutiérrez y César Ochoa, por la presunta infracción a la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales;
Asimismo, por no demostrar ser la directa afectada, igual suerte corrió otra denuncia, interpuesta por la ciudadana Patricia Tubilla, contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Tello, Antonio De La Haza, Imelda Tumialán, Guillermo Thornberry, María Zavala y Marco Falconi.
En otro momento, una propuesta de informe de acumulación de la denuncia constitucional 478 y 574 fue aprobada en forma unánime, con siete votos a favor, por tratarse de la misma materia e igual conexitividad. Se trata de la denuncia interpuesta por la congresista Patricia Chirinos contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, por la presunta infracción a la Constitución y otros delitos. A ella se sumó la del congresista Alejandro Muñante (RP) y otros de su bancada.
Durante la sesión, la presidenta de la subcomisión concedió cinco días hábiles de plazo excepcional solicitados por la denunciada expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, en garantía de su defensa. frente a las denuncias en su contra. Lo propio ocurrió con el exministro de Educación, Rosendo Serna Román.
