La Corte Suprema confirm\u00f3 la vigencia de la prisi\u00f3n preventiva del expresidente de la Rep\u00fablica, Pedro Castillo. El exmandatario seguir\u00e1 internado en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, por el fallido golpe de Estado que intent\u00f3 cometer el 7 de diciembre del 2022.<\/strong><\/p>\nNo procedi\u00f3 apelaci\u00f3n de su defensa<\/p>\n
El pedido realizado por la defensa legal de Castillo Terrones, no fue avalado por los miembros de este tribunal. La solicitud fue planteada ante el Juzgado Supremo de Investigaci\u00f3n Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, que en junio pasado decidi\u00f3 no revocar la decisi\u00f3n.<\/p>\n
Uno de los argumentos que presentaron los abogados del expresidente es la participaci\u00f3n de fiscales adjuntos en las audiencias, cuando es competencia directa de los fiscales supremos. Ellos debieron ser designados por el Fiscal de la Naci\u00f3n, y esa omisi\u00f3n viciaba la legitimidad del proceso.<\/p>\n
No obstante, la sala ratific\u00f3 la decisi\u00f3n de Checkley Soria, concluyendo de que no existen irregularidades en la labor de fiscales provisionales o adjuntos. La Corte Suprema estuvo presidida por C\u00e9sar San Mart\u00edn y record\u00f3 que el art\u00edculo 154, numeral 4, del C\u00f3digo Procesal Penal (CPP) proh\u00edbe reponer el proceso a fases ya superadas.<\/p>\n
Ausencia de elementos nuevos para un cambio<\/p>\n
El colegiado supremo precis\u00f3 que para que se cambie o anule una prisi\u00f3n preventiva, la defensa deber\u00eda proporcionar elementos o evidencias que lo justifiquen. En esa situaci\u00f3n, entrar\u00eda en vigor la comparecencia, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 283, inciso 4, del C\u00f3digo Procesal Penal (CPP).<\/p>\n
Al expresidente se le ha solicitado una condena de 34 a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva por el delito de rebeli\u00f3n, por parte de la Segunda Fiscal\u00eda Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios P\u00fablicos. Adem\u00e1s, pide tres a\u00f1os y seis meses de inhabilitaci\u00f3n para cualquier funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Sobre el exmandatario tambi\u00e9n pesa una orden de prisi\u00f3n preventiva por presuntos delitos de organizaci\u00f3n criminal y otros, en perjuicio del Estado peruano. Estos se relacionan con los casos acumulados de Petroper\u00fa, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.<\/p>\n
As\u00ed, la Corte Suprema ratific\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva en contra de Pedro Castillo. El expresidente de la Rep\u00fablica seguir\u00e1 internado en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo mientras contin\u00faa la investigaci\u00f3n en su contra por el delito de rebeli\u00f3n.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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