El alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, propuso declarar al país en estado de emergencia nacional como parte de un paquete de medidas urgentes y drásticas para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Su planteamiento se dio durante la reunión convocada por el presidente encargado José Jerí en Palacio de Gobierno, donde participaron diversos alcaldes distritales de Lima y otras autoridades locales.
“Queremos aportar con planteamientos que se puedan convertir en hechos concretos”, expresó Reggiardo, al tiempo que pidió al Ejecutivo tomar acciones inmediatas frente al avance del crimen organizado, el sicariato, las extorsiones y los delitos comunes que afectan a millones de ciudadanos en todo el país.
Control temporal de penales por parte de las Fuerzas Armadas
Una de las propuestas centrales del burgomaestre limeño fue que las Fuerzas Armadas asuman el control temporal de los centros penitenciarios, como medida para cortar la cadena de mando de bandas criminales que operan desde las cárceles.
“Desde los penales se siguen organizando múltiples delitos. Necesitamos una intervención más firme y directa del Estado”, señaló Reggiardo, refiriéndose a los recientes operativos que revelaron cómo líderes de mafias continúan ordenando extorsiones, asesinatos y secuestros desde prisión.
La propuesta forma parte de una visión de mano dura para retomar el control de espacios donde el Estado ha sido desbordado por el crimen y que, según el alcalde, deben ser recuperados con decisión y urgencia.
Restricción de motocicletas y más control en las calles
Otra medida que generó debate fue la restricción del uso de motocicletas o motos lineales durante el eventual estado de emergencia. Según Reggiardo, este tipo de vehículos son utilizados en un alto porcentaje de delitos en zonas urbanas.
“El sicariato, los robos y las extorsiones se ejecutan muchas veces desde motocicletas. Necesitamos una regulación temporal que permita frenar este patrón delictivo”, indicó, sin precisar si la medida sería general o focalizada en determinados distritos.
Algunos alcaldes reconocieron el riesgo, pero advirtieron sobre el impacto que una restricción podría tener en trabajadores que utilizan estos vehículos para movilizarse o laborar.
Serenos capacitados como refuerzo de la Policía Nacional
Reggiardo también destacó el potencial de los serenos municipales como apoyo activo en labores de seguridad. Estimó que actualmente existen entre 50 mil y 60 mil serenos a nivel nacional, de los cuales unos 15 mil pertenecen a Lima Metropolitana.
“Si los capacitamos correctamente, los serenos pueden asumir funciones de tránsito, patrullaje preventivo e incluso control de espacios públicos. Esto permitirá que la Policía se enfoque en combatir el crimen organizado”, explicó.
Propuso establecer protocolos de capacitación urgente, supervisados por el Ministerio del Interior, para que el personal de serenazgo actúe coordinadamente con la Policía Nacional del Perú dentro del marco legal vigente.
Propuesta migratoria: uso del penal de Lurigancho para extranjeros indocumentados
En un momento sensible para el debate migratorio, Reggiardo planteó que el penal de Lurigancho sea utilizado para albergar temporalmente a extranjeros indocumentados mientras se resuelve su situación migratoria conforme a la ley.
Aunque no ofreció mayores detalles sobre el sustento legal o logístico, el alcalde sostuvo que esta sería una medida inicial para ordenar y controlar el fenómeno migratorio irregular vinculado en algunos casos a redes delictivas.
Sectores de derechos humanos y organismos internacionales podrían oponerse a esta propuesta, por considerar que asocia la migración irregular con la criminalidad y abre la puerta a actos discriminatorios.
Reactivación del fondo de seguridad ciudadana para municipios
El alcalde de Lima también exigió al Ejecutivo reactivar y ampliar el fondo de seguridad ciudadana para municipalidades, que fue reducido en años anteriores, lo que limitó la capacidad de los gobiernos locales para invertir en prevención del delito.
“El entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, había anunciado que se incrementaría a 600 millones de soles. Es hora de hacerlo realidad”, reclamó. Este fondo permitiría financiar patrullajes, equipamiento, cámaras de videovigilancia y la formación de agentes municipales.
Apoyo institucional al Ejecutivo y mensaje de unidad
Reggiardo expresó su respaldo al presidente encargado José Jerí y destacó la importancia de mantener un diálogo interinstitucional constante.
“Valoramos este espacio abierto para el diálogo. El éxito de su gestión será el éxito de todos los peruanos”, afirmó.
Un alcalde con agenda de seguridad clara
La intervención de Reggiardo confirma que su gestión busca posicionarse como una administración enfocada en la seguridad ciudadana y con propuestas audaces, aunque algunas generen controversia. El uso de las Fuerzas Armadas, la participación de los serenos en funciones policiales y la vinculación entre migración y delito abren un debate político que el Ejecutivo deberá procesar con cautela.
Mientras tanto, el país espera señales claras del nuevo gabinete que jurará en las próximas horas y que deberá tomar decisiones concretas frente a una ciudadanía cada vez más afectada por el miedo y la violencia.
