El 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima ordenó que Fiorella Molinelli Aristondo y otros 12 implicados enfrenten juicio oral por presunta colusión agravada. La medida incluye a Camilo Carrillo Purín, Yaco Rosas Romero, Gianina Beoutis Manrique, Hernán Muñoz Valdivia y Nancy Zedano Martínez como presuntos autores, mientras que César Balbuena Vela, Alfredo Dammert Lira, José Carlos Balta del Río, Javier Rizo Patrón Larrabure, Carlos Vargas Loret de Mola, Ximena Zavala Lombardi y Patricia Teullet Pipoli serán juzgados como presuntos cómplices.
La Fiscalía solicita para los acusados 10 años de pena privativa de libertad, 10 años de inhabilitación y 487 días multa calculados sobre el 25% de sus ingresos diarios. Además, plantea el pago solidario de una reparación civil de US$ 268.545.974, de los cuales US$ 168.545.974 corresponden a daño patrimonial y US$ 100.000 a daño extrapatrimonial.
El caso se centra en la firma de una adenda al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco. Según la Fiscalía, esta adenda generó un perjuicio económico al Estado, mientras que la defensa de Molinelli sostiene que la adenda fue legal y que el Estado peruano participó en el proceso arbitral internacional que validó su legalidad.
Roberto Pereira, abogado de Molinelli, indicó que la defensa ha apelado el auto de enjuiciamiento y que esto podría retrasar el inicio del juicio. Señaló que se han presentado dos excepciones: la primera, basada en la cosa juzgada civil por el laudo internacional que avala la adenda; la segunda, la improcedencia de la acción penal al no existir elementos de ilicitud en los hechos imputados. Ambas excepciones fueron rechazadas en primera instancia y están pendientes de resolución por la sala correspondiente.
El caso Chinchero se convierte así en un tema central en la agenda judicial y política, mientras Molinelli sigue activa en la campaña presidencial de Fuerza y Libertad, generando un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios y la legalidad de contratos estatales en proyectos de infraestructura estratégica.
