Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelan cifras contundentes. Las operaciones sospechosas involucran USD 11 969.7 millones, una cantidad que supera ampliamente los presupuestos anuales de varios ministerios. Más de la mitad de ese monto —el 55 %— tiene como delito precedente la minería ilegal, confirmando que el oro ilegal y otros minerales no solo devastan territorios, sino que también alimentan complejas redes financieras que atraviesan el sistema formal.
Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, el sistema de inteligencia financiera del Estado peruano ha puesto cifras concretas a una realidad percibida desde hace años en diversas provincias y departamentos: la minería ilegal se ha convertido en el principal motor del lavado de activos en el país.
Así lo confirman los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) elaborados por la UIF-Perú, los cuales revelan un volumen de dinero ilícito de proporciones históricas vinculado a esta economía ilegal.
En una década, los IIF emitidos por la UIF-Perú involucran USD 11 969.7 millones, cifra que evidencia el verdadero tamaño del crimen económico en el Perú y supera ampliamente los presupuestos anuales de varias entidades del Estado.
Más de la mitad del monto identificado —el 55 %— está asociado a la minería ilegal, lo que confirma que esta actividad no solo genera impactos ambientales y sociales, sino que también sostiene redes financieras ilícitas dentro del sistema económico formal.
El análisis de los informes demuestra que la minería ilegal no es únicamente una actividad extractiva informal, sino un negocio financiero altamente sofisticado. El 48 % del monto total identificado en tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) corresponde al uso de recursos ilícitos destinados u obtenidos mediante inversiones en el sector minero, principalmente oro ilegal.
Este patrón evidencia que el dinero no permanece en las zonas de extracción. Por el contrario, fluye hacia inversiones, adquisición de activos, movimientos bancarios y estructuras empresariales diseñadas para otorgar apariencia de legalidad a capitales de origen criminal. El oro se convierte así en un vehículo ideal debido a su alto valor, facilidad de transporte y elevada demanda internacional.
A esta tipología le sigue, con un 21 %, la canalización de fondos ilícitos mediante productos financieros y de inversión, incluyendo cuentas bancarias, transferencias, instrumentos financieros y operaciones comerciales que dificultan el rastreo del dinero.
La magnitud del problema también se refleja en el volumen de reportes recibidos. Entre 2015 y 2025, la UIF-Perú recibió 170 553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), enviados por bancos, cooperativas, casas de cambio, notarios, empresas y otros sujetos obligados del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Cada ROS representa una alerta sobre movimientos financieros que no guardan relación con la capacidad económica declarada por el usuario, presentan patrones inusuales o están vinculados a actividades consideradas de alto riesgo. Aunque no todos derivan en procesos judiciales, el volumen evidencia la presión constante del crimen organizado sobre el sistema financiero formal.
El fenómeno además trasciende las fronteras nacionales. Las Comunicaciones de Inteligencia Financiera Nacional e Internacional emitidas por la UIF-Perú entre 2015 y 2025 alcanzan un monto involucrado de USD 204 580.7 millones, lo que refleja la dimensión transnacional del lavado de activos.
Dentro de este universo de operaciones, la minería ilegal ocupa nuevamente el primer lugar, con el 39 % del monto total. Le siguen los delitos contra la administración pública (16 %), el tráfico ilícito de drogas (10 %), los delitos contra el patrimonio (4 %) y un 31 % asociado a otros delitos.
Estas cifras confirman que el oro ilegal se articula con diversas economías criminales, desde la corrupción hasta el narcotráfico, consolidando redes ilícitas de alcance nacional e internacional.
Durante años, la minería ilegal fue tratada principalmente como un problema ambiental o laboral. Sin embargo, los datos de la UIF-Perú obligan a entenderla hoy como una de las principales amenazas económicas y de seguridad para el Estado peruano.
El dinero lavado a través de esta actividad financia extorsiones, compra de armas, corrupción de autoridades, tráfico de tierras y control territorial, especialmente en regiones como La Libertad, Pataz, Madre de Dios, Amazonas y el sur andino, incluido Puno. Cada dólar que logra ingresar al sistema financiero sin ser detectado fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
