El Estado peruano volvió a recurrir a Challapalca, el penal de mayor aislamiento del país, para reforzar su estrategia contra el crimen organizado. Esta semana, 100 internos de alta peligrosidad fueron trasladados desde distintos establecimientos penitenciarios de Lima y Callao hacia el centro penitenciario ubicado en la región Tacna.
El operativo fue encabezado por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, por disposición directa del presidente de la República, José Jerí Oré. El traslado se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad.
Los internos enviados a Challapalca están sentenciados o procesados por delitos graves como organización criminal, sicariato, homicidio y robo agravado. Provenían de cinco penales: Lurigancho (29), Ancón I (22), Miguel Castro Castro (20), Callao (22) y Huaral (7). Todos considerados de alto riesgo.
Según el Ejecutivo, la medida responde a criterios de seguridad penitenciaria, disciplina interna y prevención de delitos de alto impacto. Challapalca, ubicado a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, representa un régimen de control extremo y aislamiento severo.
Durante el operativo, el ministro Martínez sostuvo que “las cárceles nunca más deben ser centros de aprendizaje del crimen”, en alusión a las constantes denuncias sobre extorsiones, sicariatos y redes delictivas que operan desde los penales.
Este traslado masivo sería el primero del año y formaría parte de un proceso más amplio de reclasificación penitenciaria a nivel nacional. Desde el INPE se informó que los internos pertenecen a diversas organizaciones criminales y que el objetivo es desarticular su capacidad de mando desde prisión.
Sin embargo, la medida también genera interrogantes. Especialistas y ciudadanos se preguntan si el traslado de reos peligrosos es suficiente para debilitar el crimen organizado o si se requiere una reforma estructural del sistema penitenciario.
