La noche del 15 de octubre marcó el inicio de la primera gran crisis del gobierno de transición de José Jerí, apenas una semana después de su asunción al poder tras la destitución de Dina Boluarte.
Miles de personas, encabezadas por el colectivo Generación Z, tomaron las calles del centro de Lima para expresar su rechazo tanto a la clase política como al incremento de la inseguridad ciudadana. La manifestación, inicialmente pacífica, derivó en enfrentamientos violentos frente al Congreso de la República, donde un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas de seguridad y fue repelido por las fuerzas policiales con gases lacrimógenos, escudos y bastones. El saldo fue trágico: más de un centenar de heridos y un fallecido.
La víctima fue Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un joven artista urbano de 32 años, conocido como Trvko, quien murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el tórax en inmediaciones de la Plaza Francia. En un principio, el Ministerio del Interior negó la participación de efectivos policiales en su muerte; sin embargo, horas después, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, fue el autor del disparo. El general pidió perdón público a la familia de la víctima y aseguró que el agente se encuentra bajo investigación.
El impacto político no se hizo esperar. Diversas bancadas promovieron una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso —que implicaría la salida de Jerí del poder—, aunque finalmente fue rechazada con los votos de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País. Mientras tanto, colectivos estudiantiles y agrupaciones juveniles anunciaron una “movilización indefinida”, exigiendo justicia por Ruiz Sanz y la renuncia del presidente interino.
La posibilidad de que el Ejército vuelva a participar en el control de movilizaciones revive uno de los episodios más polémicos de los últimos años. En julio de 2024, la Fiscalía de la Nación informó que 154 policías y militares estaban siendo investigados por las muertes y lesiones de 267 personas ocurridas durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
De acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, se habían formalizado 18 investigaciones preparatorias por hechos que la institución calificó como “graves violaciones de derechos humanos”. Entre los procesados figuraban altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional, implicados en operativos realizados en regiones como Ayacucho, Puno, Arequipa, La Libertad, Junín y Ucayali.
