El 10 de octubre Dina Boluarte fue vacada por el mismo Congreso que la mantuvo en el poder por casi tres años. Consecuentemente, dejó de gozar de la inmunidad parlamentaria y ahora deberá enfrentar 11 investigaciones fiscales en su contra. Del total, ocho corresponden a presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su función como mandataria. La cifra fue confirmada por su abogado, Juan Carlos Portugal, en diálogo con América Televisión.
El primer caso por el cual se le aperturó una investigación a Boluarte Zegarra fue el relacionado a las muertes producto de la represión a las protestas entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Se le investiga por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
El primer caso por el cual se le aperturó una investigación a Boluarte Zegarra fue el relacionado a las muertes producto de la represión a las protestas entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Se le investiga por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
Otro de los casos por los cuales se investiga a la expresidenta es el presunto delito de cohecho pasivo impropio por la presunta recepción de joyas y relojes a cambio de presupuesto adicional para el Gobierno Regional de Ayacucho, liderado por Wilfredo Oscorima.
Una vez más, el Parlamento blindó a Boluarte por medio de la Comisión Permanente, cuyos integrantes aprobaron el informe de la SAC que recomendaba no continuar con la investigación. La Fiscalía solicitó al Congreso reconsiderar su decisión.
Sumado a ello, la ex mandataria tiene dos investigaciones abiertas tras confirmarse que se realizó un procedimiento quirúrgico el 28 de junio del 2023 sin solicitar licencia al Congreso para ausentarse de sus funciones. Por este motivo, se le investiga por el presunto delito de abandono del cargo y por presunta falsedad genérica por supuesta falsificación de firmas en resoluciones supremas entre 29 junio y 9 julio 2023 (periodo en el que se recuperaba de la cirugía).
Por ambos cuestionamientos, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe final el 18 de junio de 2025, que recomienda la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, argumentando que se ausentó entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin delegar funciones ni informar al Congreso.
Adicionalmente, la ex jefa de Estado cuenta con una carpeta fiscal por el supuesto acuerdo con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, para mantener en el cargo al excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado. El 24 de abril de 2025, la Fiscalía de la Nación, precedida en ese entonces por Delia Espinoza, archivó la investigación preliminar contra Dina Boluarte y Patricia Benavides por esos hechos.
El motivo fue que se determinó que no existen elementos de prueba suficientes para sostener los cargos. Sin embargo, se aclaró que este archivo no equivale a una absolución definitiva; la carpeta fiscal podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas antes de que prescriba la acción penal.
