La exprimera dama Eliane Karp reapareció públicamente desde Israel y rechazó la posibilidad de regresar al Perú para afrontar el proceso judicial en su contra por el caso Ecoteva, en el que cumple 18 meses de prisión preventiva.
En una reciente entrevista, Karp afirmó que no retornará mientras no se levanten las medidas en su contra.
“No voy al Perú porque no hay justicia. No voy a ir al Perú mientras la justicia está como está (…) Sin las condiciones de que me levanten la prisión preventiva y me levanten el Interpol yo no podría ir, los ‘fujimontesinistas’ quieren que nos muramos en la cárcel los dos”, manifestó a Willax TV.
También advirtió que, de regresar sin garantías, “moriría en la cárcel” junto a su esposo, Alejandro Toledo.
La exprimera dama recordó que en mayo de 2023 salió de Estados Unidos rumbo a Israel, país que no extradita a sus connacionales, aunque en diciembre de 2024 el Estado peruano aprobó un pedido de extradición activa en su contra.
Negó haber huido de la justicia y sostuvo que su salida de Perú en 2017 se debió a compromisos laborales en la Universidad de Stanford. “No nos hemos fugado, no había ninguna denuncia. No soy prófuga de nada ni de nadie. Puedo viajar tranquilamente de EE.UU. a Israel, no se pasen”, señaló.
Karp también denunció un presunto trato discriminatorio hacia Toledo por la negativa de trasladarlo a una clínica. “PPK está en su casa y ahí quiero denunciar un tema de fuerte racismo (…) Él tiene más de 80 años y hay una ley que dice que un adulto mayor puede responder desde su casa. Es mi cholo sano y sagrado, y hay un tema de racismo y discriminación”, dijo.
En relación con las investigaciones, responsabilizó al fallecido empresario Josef Maiman del dinero utilizado para las adquisiciones inmobiliarias vinculadas al caso. “Todo el dinero, la plata que vino en offshores y que se metió en otras varias cuentas no es nuestra, es del señor Maiman”, afirmó.
Karp acusó además a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de presionar a Maiman para declarar en contra de Toledo a cambio de no afectar su patrimonio. Calificó este proceso como una “farsa” y una persecución política.
