Durante su participación en la reunión con Empresarios Iberoamericanos realizada en Estados Unidos, la presidenta Dina Boluarte, minimizó las protestas que se han venido registrando en su contra el pasado 20 y 21 de septiembre. En su discurso rechazó las acusaciones por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2022 y 2023 y aseguró que las futuras muertes de próximas protestas no serán su culpa. «Se me acusaron de 60 fallecidos, se me acusó de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina, pero esa es la narrativa falsa que crean los que generan la violencia», aseguró la mandataria.
Añadió que, a su juicio, «quienes generan violencia buscarán asesinar a compatriotas para responsabilizarla y utilizar eso para obligarla a renunciar». Asimismo, aseguró que llegó al cargo por decisión popular —“la voz del pueblo es la voz de Dios”, afirmó— y reiteró que las movilizaciones contra su Gobierno son financiadas por “la minería ilegal, el narcotráfico y mafias corruptas”.
En el mismo discurso, continuó atacando a la población que se manifiesta contra su postura política y calificó de «anarquistas» a todos los que buscan marchar contra las reformas que impulsa su Gobierno. «Vieron que el Gabinete no representaba el poder de quien dio el golpe de Estado y es ahí allí donde declaran esas 500 manifestaciones violentas (…) Salieron con esa narrativa falsa e hicieron una campaña contra el Perú», declaró con un claro sesgo sobre la realidad que enfrenta el Perú.
Manifestaciones buscan renuncia de Dina Boluarte
A pesar de que la presidenta busca mostrar una pantalla de confianza ante la sociedad internacional, en el Perú se vive una disconformidad por como se está desarrollando la política peruana por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Sin importarle la censura contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, Boluarte no dudó en colocarlo en una nueva cartera: Justicia y Derechos Humanos.
Cabe precisar que no solo Santiváñez se encuentra acumulando investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía, la misma presidenta de la República registra denuncias por casos de corrupción, lavado de activos, homicidio calificado, cohecho pasivo impropio, por abandono del cargo, entre otros.
Sin embargo, en agosto del presente año, el Tribunal Constitucional dispuso paralizar todas las investigaciones penales contra la presidenta hasta el fin de su mandato. Esto no equivale a absolución, pero congela los procesos en Fiscalía y Poder Judicial hasta 2026.
