A pocas horas del inicio de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, diversas organizaciones de sociedad civil denunciaron el bloqueo de sus líneas telefónicas. Tanto Coraly Escobar, dirigente de la Federación de estudiantes de la PUCP (Fepuc), como Milagros Samillán, representante de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, indicaron a La República que, desde el día anterior, no podían realizar llamadas.
«No pude contestar llamadas porque me bloquearon mi equipo desde ayer. Puede que haya sido una forma de meter miedo de parte del Gobierno por la marcha de hoy», sostuvo Samillán, hermana de Marco Antonio Samillán, quien perdió la vida el 9 de enero del 2023 producto de la represión policial en Juliaca.
De la misma forma, Coraly Escobar corroboró que afrontaba la misma situación y compartió su extrañeza. Como se recordó, la marcha de este sábado 20 de septiembre fue convocada por la Generación Z, un movimiento juvenil que utilizó símbolos de rebeldía y que levantó su voz de protesta contra la reforma de pensiones gestada por el Congreso, la corrupción y la inseguridad ciudadana que campeaba en el país.
A la movilización se sumaron otros colectivos como “Jóvenes Líderes para el Perú” y “KeikoNoVa”, al igual que gremios sindicales, de aportantes y transportistas. Por ejemplo, desde la CGTP consideraron que la Ley de Modernización Previsional, respaldada por el Congreso, el Ejecutivo y los grupos de poder económico, debía derogarse.
«El reglamento de esta reforma no fue más que la aplicación operativa de una ley promovida por el fujimorismo y respaldada por las bancadas de derecha y el gobierno, favoreciendo a intereses empresariales a costa del futuro de los aportantes. En consecuencia, la única salida real era su derogatoria», indicó la central sindical.
De igual forma, el colectivo Voz Ciudadana dejó en claro que la marcha ciudadana buscaba frenar los abusos cometidos por el Congreso y la injusticia que afectaba a la población. En ese sentido, invocaron a todos los peruanos a unirse a esta causa y recomendaron a los comercios suspender sus actividades, con el fin de evitar afectaciones a sus negocios.
Otro sector que participó en la movilización fueron los transportistas. De acuerdo con Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, este tipo de jornadas reflejaban el malestar generalizado contra la ineficacia del gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana y asegurar un mejor funcionamiento del sistema previsional.
«Nos sumamos y respaldamos esta marcha en contra del gobierno y las mafias que estaban instaladas en él. Fue justo y necesario que todas las jornadas fueran a favor del pueblo para recuperar nuestra soberanía y la dignidad que habíamos perdido los ciudadanos», anotó.
