La Policía Nacional del Perú (PNP) ha determinado que toda la información vinculada a denuncias policiales será considerada confidencial. Este carácter reservado se aplicará tanto a las denuncias en sí como a los datos almacenados en su sistema. La medida tendrá una vigencia de cinco años a partir de su implementación. Durante ese periodo, el acceso a dicha información estará restringido. Con ello, se limita la consulta pública sobre las denuncias registradas en la institución. El hecho ha sido visto como una afectación a la libertad de información.
La decisión de la PNP de declarar reservada por cinco años toda la información contenida en las denuncias policiales se sostiene, según su propio argumento, en la necesidad de resguardar investigaciones y proteger la seguridad ciudadana. Sin embargo, este razonamiento resulta problemático, ya que extiende la reserva a toda la base de datos de denuncias, sin diferenciar entre casos sensibles y aquellos que podrían ser accesibles sin poner en riesgo el curso de una investigación.
Además, la PNP justifica la medida en la protección de derechos fundamentales, como la dignidad y la integridad de las personas, pero paradójicamente esta reserva puede afectar a las propias víctimas de delitos, que verían restringido su derecho a la información y al control ciudadano sobre cómo se gestionan sus denuncias. Con esta decisión, la institución corre el riesgo de consolidar un modelo donde la seguridad se usa como excusa para reducir la vigilancia ciudadana sobre la actuación policial. En lugar de fortalecerla confianza en la institución, la decisión puede reforzar sospechas de encubrimiento y falta de rendición de cuentas.
La resolución dispone que la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional será la encargada de registrar y custodiar la información que ha sido declarada reservada.
Denuncias contra la PNP por muertes en protestas serían blindados del análisis público
La decisión de la PNP de declarar como reservadas todas las denuncias policiales por un plazo de cinco años puede convertirse en un obstáculo serio para las investigaciones sobre las más de 60 muertes registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023 en contra de Dina Boluarte.
