La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República delegó en la parlamentaria Martha Moyano la investigación al expresidente Pedro Castillo en el marco de la denuncia constitucional presentada en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 que plantea, además, inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de la función pública.
La designación de Moyano se produce a más de un mes de la renuncia de José Jerí, a quien se le encargó inicialmente la investigación del caso, pero renunció tras su elección como titular del Legislativo.
Lo que toca ahora es que la legisladora por Fuerza Popular recopile toda la documentación del caso, solicite los descargos del denunciado y convoque a audiencias para escuchar a las partes.
La denuncia constitucional contra el golpista por infracción a la Carta Magna —que acumula dos denuncias de los legisladores Alejandro Muñante y Alejandro Cavero— refiere que el exmandatario, hoy recluido en el penal de Barbadillo, “tuvo una conducta permanente de amenaza al orden constitucional a través de distintos actos, entre ellos su propuesta para elaborar una nueva constitución”.
