En un movimiento que reconfigura el tablero político de cara a las elecciones generales de 2026, Juntos por el Perú (JPP) anunció una alianza con Todos con el Pueblo, agrupación vinculada al encarcelado golpista Pedro Castillo, y con Adelante Pueblo Unido (APU), liderado por el ex primer ministro Aníbal Torres.
La alianza, presentada como una plataforma de unidad de izquierda, se enfrenta a serios cuestionamientos. Por un lado, el partido Todos con el Pueblo todavía se encuentra en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras que APU logró su inscripción tras una orden judicial, pero fuera del plazo reglamentario. Esta situación compromete la legalidad y viabilidad electoral de la coalición.
Desde el penal de Barbadillo, Pedro Castillo saludó la unión política mediante una publicación en la red social X: “Saludo la respuesta de adhesión a nuestra convocatoria de unidad política y electoral por parte del partido Juntos por el Perú”, escribió.
El exmandatario, acusado por delitos como rebelión, colusión agravada y organización criminal, volvió a insistir en que fue vacado de forma irregular por el Congreso.
Mientras la alianza intenta proyectar un frente unificado en nombre de la democracia y la voluntad popular, las investigaciones fiscales, los cuestionamientos éticos y la debilidad legal de las agrupaciones que la integran plantean dudas sobre su verdadero impacto electoral y su legitimidad ante el electorado.
