El inspector Cristian Martín Galván, jefe de la subcomisaría de Lonquimay, organizó su boda con la colaboración de cuatro presos que estaban bajo su custodia. Los reclusos cocinaron, sirvieron el almuerzo y limpiaron el local donde se realizó la celebración, todo sin vigilancia ni autorización judicial.
El evento tuvo lugar en el pub Veneto, a solo una cuadra de la comisaría. Los internos caminaron sin escolta desde la cárcel hasta el lugar de la fiesta y regresaron por sus propios medios al finalizar. Pese a la falta de seguridad, ninguno intentó escapar.
La justicia argentina condenó a Galván a un año y tres meses de prisión en suspenso por abuso de autoridad, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante dos años y medio. El juez Andrés Olié consideró que utilizar a los presos para fines personales agravaba la falta, incluso si Galván estaba de licencia por matrimonio.
Durante el juicio, tres de los cuatro reclusos confirmaron que el comisario les pidió colaborar. El magistrado desestimó cualquier consentimiento voluntario por la relación de poder existente. La defensa alegó que Galván no tenía control sobre los internos ese día, pero las pruebas en su contra fueron contundentes.
El caso generó una fuerte indignación en redes sociales y reabrió el debate sobre el abuso de autoridad y las fallas en el sistema penitenciario argentino.
