Los ministros de Estado del gobierno de Dina Boluarte negaron categóricamente que el mensaje presidencial por Fiestas Patrias haya sido elaborado con inteligencia artificial, como se especuló en redes sociales. Afirmaron que el contenido fue trabajado por equipos técnicos de los ministerios y aprobado formalmente en Consejo de Ministros.
«El mensaje ha sido elaborado con inteligencia real», declaró el ministro de Salud, César Vásquez. Mientras que el canciller Elmer Schialer consideró que sería una “mofa para el pueblo peruano” suponer que se haya recurrido a una herramienta automatizada. La propuesta fue consolidada el sábado 26 de julio y revisada en una sesión oficial del gabinete.
Ejecutivo admite falta de autocrítica en el mensaje
El propio ministro de Salud reconoció que uno de los aspectos más cuestionados del discurso, la falta de autocrítica, podría deberse a que el segmento respectivo no fue incluido. “Quizás un pendiente que quedó”, dijo Vásquez, al referirse a la ausencia de una evaluación sincera sobre las acciones del gobierno.
Esta omisión fue uno de los puntos más señalados por analistas y legisladores tras la presentación del mensaje. Varias voces apuntaron que no se asumieron responsabilidades sobre las muertes ocurridas durante las protestas ni sobre los cuestionamientos a la gestión de Boluarte.
Canciller rechaza pedido de la Corte IDH sobre ley de amnistía
El canciller Elmer Schialer también se pronunció sobre otro tema que generó atención internacional: el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender el trámite del proyecto de ley de amnistía a militares y policías.
Schialer consideró improcedente la solicitud, argumentando que la norma aún no ha sido aprobada como ley. «Ni siquiera se ha aprobado y ya están exigiendo posiciones», dijo. Criticó el rol del tribunal internacional al calificarlo como un “gobierno supranacional”.
El proyecto fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso y propone amnistiar a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional involucrados en violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. La Corte IDH advirtió que esta norma podría afectar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
