El Gobierno aprobó este miércoles 8 de abril la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2040, considerada un hito en la agenda de derechos colectivos en el Perú, luego de más de seis años de diálogo, propuestas técnicas e incidencia de organizaciones indígenas amazónicas y andinas.
La oficialización se realizó mediante la firma de un Decreto Supremo en una ceremonia llevada a cabo en Palacio de Gobierno, con la presencia de dirigentes de organizaciones indígenas de alcance nacional. El presidente José Balcázar suscribió la norma que da luz verde a la primera política pública nacional dirigida específicamente a pueblos indígenas u originarios.
La PNPI recoge demandas históricas de estos pueblos y reconoce un proceso impulsado desde sus propias organizaciones, con el objetivo de garantizar el respeto de sus derechos, territorios, culturas y formas de vida.
“Este es un logro de los pueblos indígenas que ha sido fruto de años de trabajo, propuestas e incidencia. Esperamos que esta política no quede en el papel, sino que se implemente de manera efectiva para garantizar nuestros derechos”, señaló Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
La política beneficiará a cerca de 6 millones de personas pertenecientes a 55 pueblos indígenas u originarios, y busca orientar la acción del Estado hacia la garantía efectiva de sus derechos colectivos, en el marco de la construcción de un país más justo e intercultural.
Desde AIDESEP, organización que participó activamente en el proceso, se reafirmó el compromiso de vigilar el cumplimiento e implementación de la política, así como de continuar impulsando acciones de incidencia en favor de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
El proceso de elaboración de la PNPI contó con la participación articulada de diversas organizaciones indígenas nacionales, entre ellas AIDESEP, la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P).
Con esta aprobación, el Estado peruano da un paso clave hacia el reconocimiento y la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, aunque el principal reto, según sus representantes, será asegurar su implementación efectiva en los próximos años.