La revelación de una base de datos con el historial de llamadas de delincuentes, administrada por una concesión privada durante diez años, expone una grave omisión por parte de sucesivos gobiernos que no utilizaron esta herramienta clave, según José Jerí.
Esta información, que permaneció sin ser explotada pese a documentar la planificación de extorsiones y sicariato, representa una oportunidad perdida para prevenir innumerables actos delictivos, lo que genera cuestionamientos sobre la voluntad política de las administraciones anteriores.