El pacto cierra filas en contra de la Fiscalía. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezada por Eduardo Arana y bajo el Gobierno de Dina Boluarte, expresó su respaldo al partido fujimorista Fuerza Popular. A través de un comunicado, la PCM afirmó que las recientes decisiones adoptadas por el Ministerio Público —en clara referencia a la solicitud de declarar ilegal a dicho partido— representan una amenaza para la democracia nacional.
La publicación difundida en X (antes Twitter) se alinea con el discurso del Gobierno de Boluarte, caracterizado por sus constantes cuestionamientos al trabajo de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza: “La Fiscalía de la Nación no puede convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, pretendiendo determinar, de manera antidemocrática, qué partidos deben participar en la próxima contienda electoral”, señala el pronunciamiento.
En su argumentación, el Gobierno sostiene que las recientes crisis políticas del país podrían agravarse con la decisión tomada por el Ministerio Público: “Los peruanos hemos tenido, en los últimos seis años, seis presidentes de la República, situación que nos ha llevado a una crisis económica, política y social de la que recién estamos saliendo (…)”, añade el comunicado.
De esta manera, el Gobierno de Boluarte se suma a Fuerza Popular en una nueva muestra de consolidación de su pacto político. Previamente, Keiko Fujimori se victimizó y aseguró que la medida representaba una “cortina de humo” que termina dañando a la Fiscalía.
Fuerza Popular: Fiscalía solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una solicitud para declarar ilegal al partido Fuerza Popular y excluirlo de las elecciones generales del 2026. El planteamiento se respalda en la presunta infracción al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que sanciona a las agrupaciones que actúan contra los principios democráticos. Según el requerimiento, el fujimorismo habría incurrido en una vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales, lo que configura conductas de carácter antidemocrático.