El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, confirmó que el Gobierno evalúa la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta posición se adoptó luego que la Corte Interamericana exhortara a los jueces peruanos a no aplicar la reciente ley de amnistía mediante el control difuso, argumentando posibles afectaciones a los derechos de las víctimas.
El ministro sostuvo que la norma fue promulgada respetando el principio de separación de poderes y como respuesta al “terrible ataque y flagelo del terrorismo” que enfrentó el país.
La posible denuncia de la Convención Americana representa un punto de inflexión en la política exterior peruana y en el sistema de protección de derechos humanos del cual el país ha sido parte fundacional. Santiváñez fundamentó la evaluación en el derecho del Estado peruano a determinar sus propias políticas frente a los crímenes ocurridos durante el conflicto interno, balanceando el reconocimiento de las víctimas de ambos bandos.
Esta postura oficial se enmarca en un complejo debate jurídico sobre los límites de la jurisdicción internacional frente a la soberanía nacional en materia de justicia transicional.