Un fallo de solo dos párrafos bastó para cambiar la vida de más de 350 mil venezolanos. La Corte Suprema de EE.UU. anuló una medida judicial que frenaba el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a migrantes del país caribeño. La decisión abre la puerta a deportaciones masivas y deja en un limbo legal a cientos de miles.
El TPS fue concedido en 2021 como una medida humanitaria ante la crisis venezolana. Permitía trabajar y evitaba la deportación. Sin embargo, la administración de Donald Trump decidió revocarlo, alegando que iba en contra del interés nacional.
Organizaciones de derechos humanos calificaron el fallo como un “golpe histórico”. Expertos en inmigración advierten que esta es la mayor retirada de estatus legal a migrantes en la historia moderna del país. Para los afectados, el riesgo es inmediato.
“No tenemos a dónde regresar. Sería ponernos en peligro”, declaró E.R., una de las demandantes. La incertidumbre se apodera de miles de familias. La Casa Blanca ahora puede eliminar la protección de inmediato o conceder un plazo de 60 días.
La batalla legal sigue, pero el fallo marca un precedente alarmante. Grupos como la ACLU y la Alianza Nacional por el TPS advierten que esta acción sienta una base para retirar protecciones a otros 400 mil migrantes de países como El Salvador y Haití.
“Esto es político. No hay justificación humanitaria ni legal para revertir el TPS”, afirmó Pablo Alvarado, de NDLON. Desde el exilio, muchos temen represalias si regresan a Venezuela.
La decisión también afecta al programa CHNV, que permitió el ingreso de más de 500 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La Corte Suprema evalúa ahora otro recurso de emergencia para cerrar esa vía.