El Congreso de la República aprobó un informe que limita las competencias de la Contraloría General, al establecer el órgano fiscal no podrá sancionar a los legisladores que entreguen declaraciones juradas falsas o incompletas.
Según el dictamen, solo el propio Parlamento tendrá la facultad de evaluar y aplicar sanciones internas.
La decisión generó reacciones divididas. Por un lado, los congresistas Gladys Echaíz y Alejandro Aguinaga respaldaron la medida argumentando que los “aforados” deben ser censurados por el Legislativo, mientras que Jaime Quito y Lady Camones cuestionaron la medida por considerar que debilita la fiscalización. El informe ya fue derivado a la Oficialía Mayor.